El Gobierno definió dos proyectos prioritarios en el Congreso para sesionar en abril, tras la Ley de Glaciares

Pese a este escenario apremiante, la intención del oficialismo es aprobar el 8 de abril la reforma de la ley de glaciares, tal como adelantó este medio. Para eso se concretará un día antes un plenario de comisiones, con presencia de funcionarios y gobernadores, y la probabilidad concreta que se alcance un dictamen.

Independientemente al éxito o fracaso del proyecto, el Ejecutivo promovió una decena de expedientes a tratar durante el primer semestre, con el propósito de monopolizar el debate legislativo. De acuerdo con fuentes inobjetables de LLA, se busca otra sesión para el 15 o 22 de abril.

La prioridad se la llevará la “Ley Hojarasca”, que impulsa desde el 2024 el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que propone derogar un conjunto de leyes nacionales consideradas obsoletas o sin aplicación, con el objetivo de reducir el volumen del marco normativo. La iniciativa incluye la eliminación de más de 70 normas sancionadas en distintos períodos, muchas de ellas vinculadas a regulaciones económicas, administrativas y de organización estatal.

Según el “Coloso”, que había presentado el mismo proyecto en 2024, el sistema actual tiene normas que “complican innecesariamente la vida de los ciudadanos y el funcionamiento del Estado”, y que esa acumulación normativa termina generando “burocracia, costos e inseguridad jurídica”. Por eso, explicó que la iniciativa apunta a “ordenar y depurar el stock de leyes vigentes” mediante la eliminación de aquellas que perdieron sentido.

En tanto, se pretende incluir en esa sesión el proyecto la llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Está orientado a reforzar la protección de la propiedad privada y la seguridad jurídica, mediante la modificación de distintas normas sancionadas en años anteriores. La iniciativa tiene un alcance amplio y abarca cambios en materia procesal, expropiaciones y regulaciones sobre la tierra.

Uno de los ejes centrales es la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, con la incorporación del juicio sumarísimo para desalojos de viviendas y propiedades rurales. El objetivo es acelerar los plazos judiciales: en casos de ocupaciones o usurpaciones, los jueces deberán resolver los pedidos de restitución en un plazo de cinco días.

El texto también introduce modificaciones en el régimen de expropiación, endureciendo las condiciones para que el Estado pueda tomar posesión de bienes privados.

A su vez, se apunta a revisar leyes vinculadas al acceso a la tierra, el manejo del fuego y la regularización de barrios populares.

Entre los cambios más relevantes, se eliminan las restricciones al acceso a tierras por parte de extranjeros, limitando los controles únicamente a operaciones que involucren a Estados o entidades vinculadas. También se modifica la normativa de la Ley de Manejo del Fuego, reduciendo el alcance de la prohibición de venta de terrenos incendiados solo a aquellos protegidos por leyes forestales.

Por último, el proyecto propone descentralizar el régimen de regularización de barrios populares, transfiriendo a provincias y municipios la facultad de definir los mecanismos para la titularización de tierras.

Quedará "para más adelante" la reforma del Código Penal, que endurece penas en distintos delitos graves. Podría ponerse en consideración desde mayo, dicen algunos funcionarios, que no se animan a hablar más allá de abril.