El EPRE aclaró la situación de la deuda del municipio de Caucete con DECSA
El EPRE aclaró la situación de la deuda del municipio de Caucete con la distribuidora de energía DECSA, luego de que surgiera una polémica por montos facturados y pagos.
La intendenta Romina Rosas informó que una auditoría de consumo realizada por EPRE detectó que DECSA facturó al municipio un consumo de energía aproximadamente tres veces superior al real entre abril de 2023 y abril de 2024. Mientras que DECSA facturó 530.000 kW, las mediciones del municipio indicaron un consumo real de apenas 130.000 kW. Además, la distribuidora no habría transferido al municipio los fondos que recaudó por concepto de Carga Única Municipal, lo que afecta las finanzas comunales.
Ante estas irregularidades, la intendenta anunció que solicitará una auditoría contable exhaustiva para determinar con precisión la verdadera deuda y los montos transferidos, además de iniciar acciones legales para proteger los intereses del municipio.
El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) difundió un comunicado en el que ratificó el monto de la deuda por alumbrado público. Según detalló el organismo, el pasivo asciende a $550.162.640 e incluye consumos hasta enero de 2025, cifra que “debe actualizarse con intereses hasta el momento del pago en efectivo”.
El EPRE expresó que este monto fue establecido en junio pasado tras una auditoría técnica y comercial solicitada por el propio municipio en 2024. Durante ese procedimiento se evaluaron los informes presentados por ambas partes y, ante la existencia de inconsistencias, se aplicó el principio “in dubio pro-usuario” que favoreció a la gestión de Romina Rosas.
En julio, el municipio y la empresa firmaron un acuerdo para cumplir con lo dispuesto por la resolución y someter a consulta del EPRE cualquier diferencia. Sin embargo, el organismo señaló que desconoce si la deuda fue cancelada y tomó conocimiento de trascendidos sobre una acción judicial impulsada por la Municipalidad para declarar la nulidad de la resolución. “Respetando el derecho a acudir a la Justicia, una vez notificados formalmente, se presentarán todos los fundamentos técnicos y legales que otorgan total solidez a la Resolución del EPRE, la cual goza de presunción de legitimidad y posee fuerza ejecutoria”, advirtieron.
En el comunicado, el ente regulador enfatizó que la deuda fue calculada de la manera “más equitativa posible” y que incluso se sugirió un procedimiento transitorio hasta que el municipio instale los medidores correspondientes para regularizar la situación futura. Finalmente, alertó que la prolongación del conflicto pone en riesgo la “previsibilidad del Sistema Eléctrico Provincial” y la “sostenibilidad económica del servicio para todas las personas usuarias”.
