El Sindicato de Viales rechazó las nuevas concesiones de rutas impulsadas por el Gobierno
El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) rechazó una nueva planificación de la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno Nacional.
Asimismo, el gremio liderado por Graciela Aleñá indicó que la apertura de las ofertas económicas, para concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, “consolida un modelo que prioriza la recaudación por sobre la inversión en infraestructura”.
Desde hace meses, STVyARA se encuentra en un profundo enfrentamiento con la gestión del presidente Javier Milei por el desfinanciamiento, las concesiones privadas para el mantenimiento de rutas y el vaciamiento en los distintos puestos de trabajo en el sector.
Con respecto a este últimopunto, el gremio no sólo adviertió el riesgo "inminente" en el aumento de despidos, sino que, a través de esas medidas, se preveé el "desguace" institucional de Vialidad Nacional.
De acuerdo a lo anunciado por el propio sindicato, ya han realizado varias movilizaciones, jornadas de paro y quites de colaboración en diferentes distritos del país, durante estos dos años y medio e, incluso, han logrado cierto apoyo regional, debido a que varios gobernadores y legisladores provinciales se mostraron "preocupados" por el deterioro de la red vial.
El pasado 18 de julio, la secretaria general de STVyARA destacó el fallo de la Justicia federal que detuvo la "eliminación por decreto presidencial" de la Dirección Nacional de Vialidad, pero, a su vez, dejó en claro que "la pelea continúa" entre la entidad y el Gobierno.
"Suponíamos que algún juez iba a tomar cartas en el asunto. Agradecemos el respaldo social y gremial que recibimos, pero ahora nos queda sostener la presión en el Congreso Nacional para rechazar el decreto que, en principio, el amparo suspendió por seis meses y que no sólo frena la disolución del ente vial, sino que impide que el Estado realice cualquier tipo de modificación en su estructura de personal", señaló el gremio.
Para finalizar, remarcaron que el decreto "debe ser rechazado por ambas cámaras" y, de esa manera, evitar las privatizaciones que sirven para "hacer negocios y destruir las rutas nacionales", que ya se encuentran "desfinanciadas por el desvío del impuesto a los combustibles”.
