El Gobierno busca fijar un salario mínimo garantizado de más de $1 millón en las nuevas paritarias
La Secretaría de Trabajo impulsa que los próximos convenios colectivos establezcan un piso salarial de alrededor de $1.070.000. La propuesta apunta a complementar los aumentos negociados con bonos o sumas fijas y genera tensión con los sindicatos, que defienden la autonomía de las paritarias.
El Gobierno de Javier Milei busca avanzar con un nuevo esquema salarial que establezca un “salario mínimo garantizado” superior al millón de pesos para los trabajadores alcanzados por las nuevas negociaciones paritarias. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Trabajo y comenzó a ser planteada en las conversaciones con sindicatos y cámaras empresarias.
De acuerdo con la propuesta que trascendió este jueves, el objetivo es que los nuevos convenios colectivos incorporen un piso de ingresos de aproximadamente $1.070.000, tomando como referencia los salarios más bajos de cada actividad. La intención oficial es que ese monto pueda alcanzarse mediante la combinación del salario básico con bonos, sumas fijas u otros componentes remunerativos o no remunerativos acordados en cada convenio.
Un piso para las nuevas paritarias
La iniciativa aparece en un momento de fuerte renegociación de convenios colectivos, en el marco de los cambios laborales promovidos por el Gobierno. La Secretaría de Trabajo busca que las próximas paritarias no se limiten a discutir porcentajes de aumento sobre los salarios básicos, sino que incorporen también un ingreso mínimo garantizado para los trabajadores que se encuentran en las categorías salariales más bajas.
La propuesta no implica, al menos por ahora, que el Gobierno vaya a establecer por decreto un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil de $1 millón. El mecanismo planteado apunta principalmente a que los sindicatos y las cámaras empresarias incorporen ese piso en los convenios colectivos de trabajo.
Por esa razón, la implementación dependerá de la negociación de cada actividad y de los acuerdos que puedan alcanzarse entre las partes.
¿Cómo funcionaría?
El esquema busca complementar los incrementos salariales tradicionales con mecanismos que permitan garantizar que ningún trabajador comprendido en determinados convenios quede por debajo del piso establecido.
En términos prácticos, una persona cuyo salario básico más los adicionales previstos en su convenio no alcance el monto de referencia podría recibir una suma adicional para completar el ingreso garantizado.
La propuesta oficial se conoce mientras distintas actividades están renegociando sus condiciones salariales y mientras el Gobierno procura modificar la dinámica de las paritarias en el marco de su política laboral.
La discusión con los sindicatos
La iniciativa ya genera resistencia en sectores sindicales. La principal objeción está vinculada con la autonomía de las negociaciones colectivas: los gremios sostienen que los salarios deben determinarse en las paritarias de cada actividad y no mediante un piso general impulsado desde el Poder Ejecutivo.
La discusión se produce además en un escenario en el que los sindicatos vienen reclamando recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y cuestionan que algunos acuerdos salariales hayan quedado por debajo de la evolución de los precios.
El Gobierno, en cambio, busca que las negociaciones tengan en cuenta las condiciones económicas de cada sector y evitar incrementos salariales que, según su visión, puedan generar efectos negativos sobre el empleo formal y los costos laborales.
Un antecedente reciente
La idea de establecer ingresos mínimos garantizados por actividad ya comenzó a aparecer en algunos acuerdos. Un ejemplo es el sector de los mecánicos: el convenio alcanzado por SMATA estableció recientemente un ingreso mínimo garantizado de $1.048.859,74, acuerdo que fue enviado al Ministerio de Capital Humano para su homologación.
Ese tipo de mecanismo es precisamente el que el Gobierno busca extender a otras negociaciones: en lugar de establecer necesariamente un único salario básico para toda la economía, se pretende que cada convenio pueda garantizar un determinado nivel de ingreso para sus trabajadores.
No debe confundirse con el salario mínimo nacional
Uno de los puntos clave de la propuesta es diferenciar el salario mínimo garantizado dentro de los convenios colectivos del Salario Mínimo, Vital y Móvil establecido a nivel nacional.
El esquema que impulsa la Secretaría de Trabajo apunta a las negociaciones sectoriales. Por lo tanto, un piso de $1.070.000 dentro de un convenio no significa automáticamente que todos los trabajadores registrados de la Argentina pasarán a tener un salario mínimo legal de ese valor.
La diferencia es relevante porque los convenios colectivos tienen estructuras salariales distintas y contemplan categorías, adicionales y mecanismos de actualización propios.
El contexto de los salarios
La discusión salarial se da en un contexto de preocupación por el nivel de los ingresos y el empleo. Distintos relevamientos recientes muestran que los salarios y la situación laboral se encuentran entre las principales preocupaciones económicas de los argentinos.
El Gobierno busca, en este escenario, avanzar con una política que combine una mayor flexibilidad en las negociaciones colectivas con la creación de pisos de ingresos para los trabajadores de menores salarios.
La propuesta de un mínimo garantizado superior al millón de pesos constituye así un nuevo capítulo de la discusión entre el Ejecutivo y los sindicatos sobre cómo deben determinarse los salarios en la Argentina.
Qué falta definir
El principal interrogante es cómo se instrumentará el mecanismo y en qué convenios será incorporado. Por el momento, la propuesta se encuentra vinculada a las negociaciones entre sindicatos y empresas y no equivale a una nueva ley que establezca automáticamente un salario mínimo nacional de $1.070.000.
También resta conocer qué actividades adoptarán el esquema, qué componentes podrán utilizarse para alcanzar el piso y cómo impactará la medida sobre los salarios básicos y los adicionales de cada convenio.
En las próximas semanas, las negociaciones paritarias serán determinantes para saber si la iniciativa logra convertirse en una herramienta generalizada o queda limitada a determinados sectores.
