Reforma laboral: los puntos clave del plan del Gobierno para modernizar el empleo en Argentina
El triunfo oficialista en las elecciones legislativas no sólo multiplicaron las posibilidades del Gobierno para avanzar con las reformas pendientes, sino que les dio un impulso que parece imparable. De entre las tres modificaciones claves a la estructura legal sobresalen la reforma fiscal, la reforma provisional y la reforma laboral.
La segunda aparece como la más difícil en el horizonte, pero la tercera que hasta hace no mucho era sólo una aspiración de máxima ahora está a la vuelta de la esquina con un Congreso más propenso a votar ese tipo de leyes.
El DNU 70 que fue publicado en diciembre de 2023 contenía en su texto numerosos cambios en material laboral, algunos que afectaban directamente a la actuación de los sindicatos como mediadores en las relaciones laborales.
Entre los puntos más controvertidos que ahora vuelven a la palestra
- Banco de Horas, en vez de horas extra.
- Fin de la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo a su vencimiento y actualización por acuerdo entre las partes (ultraactividad).
- Ilegalidad de ciertas acciones sindicales que perjudican el normal desempeño de las actividades.
- Limite del derecho de huelga para actividades consideradas como escenciales, las que abarcan una amplia gama de trabajos en servicios públicos y del sector productivo.
Proyecto de ley de LLA
La “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, combina reformas a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) con un régimen de beneficios fiscales para empresas.
Uno de los núcleos centrales del proyecto es la modificación de artículos medulares de la LCT. La propuesta amplía la facultad empresarial para introducir cambios en la prestación del trabajo y habilitar la negociación colectiva para adoptar esquemas más flexibles. Entre los puntos destacados se encuentran:
Permiso para modificar tareas, métodos de producción o jornada laboral, "siempre que no se afecten derechos esenciales del trabajador ni se configure abuso de autoridad".
Permite que los convenios colectivos definan sistemas de compensación de horas y otras adaptaciones vinculadas con avances tecnológicos y cambios en procesos productivos.
Beneficios fiscales: a través de un bono de crédito fiscal aplicable a las contribuciones patronales del sistema previsional. Las empresas que incorporan trabajadores en los primeros 18 meses de vigencia accederían a beneficios proporcionales a su tamaño. Las microempresas recibirán un 100%, las pymes un 75%, las medianas un 50% y las gandes un 25%.
El proyecto también crea el Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI) , orientado a la radicación de capital en infraestructura, bienes de capital y tecnología industrial, con una mortización acelerada del impuesto a las ganancias para inversiones productivas, d evolución anticipada del IVA sobre bienes de capital incorporados durante los primeros dos años de vigencia del régimen. Los requisitos de inversión mínima en dólares van de entre US$ 3,5 millones a US$ 9 millones.
El proyecto de ley del oficialismo contiene, además, algunos de los puntos más controversiales. Entre ellos, la extensión de la jornada laboral de 8 a 12 horas, la posibilidad de abonar parte del salario mediante vales o tickets, y la opción de pagar indemnizaciones o multas judiciales en hasta 12 cuotas.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, planteó también que se propone revisar los convenios colectivos de trabajo, principalmente dejar de lado los aportes obligatorios y terminar con la ultraactividad.
Otro de los puntos que generó mucha repercusión es la apertura de la negociación por empresa y conformación del salario por productividad.
