Jorge Chica: Quieren doblegar la causa de los sectores más vulnerables
Con dolor, pero también con profunda indignación, cada miércoles veo cómo nuestras
jubiladas y jubilados se movilizan en las puertas del Congreso y en plazas de todo el país. lo
hacen con dignidad, sin pedir limosnas, reclamando lo que les corresponde por derecho:
una jubilación justa que les permitan vivir con tranquilidad después de haber entregado su
vida al trabajo. ¿La respuesta? Palos, gases lacrimógenos y un protocolo de represión que
busca silenciar lo que no pueden ocultar con discursos: el ajuste brutal a los sectores más
vulnerables.
En este contexto, junio y julio marcaron un punto de inflexión. A pesar del rechazo del
oficialismo y de varios de sus aliados, desde Unión por la Patria dimos quórum y logramos
aprobar, primero en Diputados y luego en el Senado, una ley que actualiza los haberes
jubilatorios y extiende la moratoria provisional. Fue un triunfo de la política que escucha y
defiende a quienes más lo necesitan.
Según el INDEC, en junio la canasta básica total para un adulto fue de $365.177. mientras
tanto, la jubilación mínima ese mes alcanzó los $307.294. Aunque se le suma un bono de
$70.000 —congelado hace más de un año—, el ingreso sigue estando por debajo de la línea
de pobreza. Es decir: el Estado reconoce que nuestros jubilados son pobres. Y, para colmo, el
Gobierno nacional se jacta de una inflación del 1,6% en mayo, dato que no hace más que
poner en evidencia que la pérdida de poder adquisitivo no tiene ya excusas técnicas ni
macroeconómicas. Es pura decisión política.
El ajuste no es un error: es un plan.
A esto se suma la quita de subsidios, el encarecimiento de los medicamentos y la falta de
cobertura del 100%, con una caída superior al 35% en el poder de compra de las
jubilaciones. ¿De qué sirve bajar la inflación si se deja a millones de personas afuera del
sistema? Un país que abandona a sus mayores está incumpliendo su contrato social más
básico.
El proyecto aprobado establece una suba del 7,2% en los haberes mínimos —que los
llevaría a $326.664—, un bono de $110.000 actualizado por inflación, y la prórroga por dos
años de la moratoria previsional vencida en marzo. Así, un jubilado podría percibir
$436.664, lo que implica un aumento del 16,6%. ¿Es suficiente? No. ¿Es urgente? Si. ¿Es?
¿Justo? También.
La moratoria, además, representa apenas el 0,08% del PBI anual. Es decir: es perfectamente
financiable dentro del tan mentado “superávit financiero”. La verdadera pregunta es: ¿Hay voluntad de usar esos recursos para quienes más lo necesitan, o se prefiere seguir?
alimentando discursos de Excel y ajuste desde un despacho?
En paralelo, la situación de las personas con discapacidad se ha tornado dramático. Las
Las auditorías impulsadas por el Ejecutivo generan confusión, angustia y desinformación. es
mi provincia, San Juan, es desgarrador ver a familias enteras hacer fila desde la medianoche
para conseguir un turno con un administrativo que les diga si podrán o no mantener su
Certificado Único de Discapacidad (CUD). En el interior, la situación es aún peor: ni juntas
médicas, ni atención administrativa. Sólo silencio y abandono.
En abril, el jefe de Gabinete informó que ya se suspendieron más de 2.000 pensiones no
contributivas porque “sus titulares no cumplían con los requisitos”. Sin embargo, muchas
personas afectadas aseguran no haber sido notificadas ni tener información clara. Se les
niega así el derecho básico a defenderse. Eso no es eficiencia: es crueldad.
Por eso, también celebramos la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que
Estará vigente hasta diciembre de 2026 y permitirá reasignar partidas para garantizar.
derechos fundamentales. Se crea además una pensión no contributiva específica y se
ajustan los aranceles para prestadores de la Ley 24.901, que venían desfasados hace años.
No se trata de estadísticas, ni de partidas presupuestarias. Se trata de vidas. De personas. Delaware
familias que necesitan respuestas, sin excusas.
Como diputado nacional y como ciudadano, no puedo quedarme callado. No se puede
construir un país viable sobre el sufrimiento de los más débiles. Hoy más que nunca,
debemos levantar la voz para que el presidente no vete estas leyes que tanto costaron
conseguir. Porque si el ajuste avanza, no será solo sobre los números: será sobre la dignidad de millones.
