Polémica suba salarial a ciertos trabajadores del Poder Judicial en San Juan

El incremento al sector de administradores del Poder Judicial generó cuestionamientos de la Unión Judicial.

Este martes, el Ministerio Público Fiscal, en nombre del fiscal general Eduardo Quattropani, salió a criticar el aumento del 25% al sector de administradores del Poder Judicial.

Por otro lado calificó que el incremento es realmente 'inoportuno' e 'injustificado'. Aseguró que el operativo comunicacional que se realizó para intentar justificarlo fue una "tácita confesión" de lo poco acertado de esta decisión. 

Detalle del comunicado:

I- Que no es cierto que el cuestionado Acuerdo haga referencia alguna a los Fiscales Coordinadores de las Unidades Fiscales.

II. Que los Fiscales Coordinadores (dos por Unidad Fiscal) perciben desde el año 2018 un adicional respecto a los Fiscales, motivado por la prestación del servicio 24/7 y demás circunstancias que los hacen distintos a demás prestadores del servicio.

III. Que comparto con la Unión Judicial el criterio de que el adicional otorgado a un grupo selecto de personal administrativo no resiste análisis lógico ni fáctico, en tanto el modo de prestación del servicio de estos en modo alguno justifica diferenciación con la inmensa mayoría de los agentes judiciales.

IV. Que el operativo comunicacional intentando justificar tan criticada decisión, comparándola con la situación de los Fiscales Coordinadores, resulta ser una tácita confesión de lo inoportuno e injustificado de la decisión cuestionada.

V. Que corresponde aclarar que el Fiscal General participa en los Acuerdos como asistente, sin derecho a voto, es decir, no forma parte de la decisión que se toma, habiendo expresado a la autoridad su opinión adversa al otorgamiento de ese adicional, por lo que el operativo comunicacional dirigido a involucrarlo en el cuestionado plus, se corresponde, nuevamente, con una tácita confesión de conocerse lo cuestionable de ello.

VI. Que de ser cierto que se ha negado a la prensa el acceso al conocimiento del Acuerdo 31/2024, corresponde expresar el más enérgico repudio a esa decisión de la Administración, en tanto constituiría un retroceso a épocas en que el Poder Judicial se creía exento de dar explicaciones públicas.

VII. Que estoy convencido de que la decisión tomada en el Acuerdo 31/2024 se corresponde con una deficiente información brindada a la Corte de Justicia por parte de la Administración, en tanto no existe una sola justificación racional para otorgar dicho beneficio en orden al modo de prestación de servicio.