La Justicia le impuso al Gobierno una multa diaria por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario
El juez federal Martín Cormick dio por probado que el Gobierno no cumple la Ley de Financiamiento Universitario y le puso precio a ese incumplimiento: la administración libertaria, puntualmente la jefatura de Gabinete, deberá pagar $100.000 por cada día que pase sin aplicarla. La resolución se conoció este miércoles, en la víspera de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para mañana a las 16 en Plaza Congreso.
Qué dispuso el juez Cormick
El magistrado, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, interviene en la causa que impulsaron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras partes contra el Estado nacional. El 30 de septiembre había advertido que aplicaría sanciones si la orden no se cumplía. Ahora consideró verificado el incumplimiento y ejecutó esa advertencia con astreintes, multas que se acumulan por cada día de demora y que buscan forzar el cumplimiento más que castigar.
El monto inicial es bajo en términos fiscales: unos $3 millones por mes. Pero el juez dejó abiertas dos puertas que lo vuelven más pesado: tanto la cifra como la lista de funcionarios alcanzados pueden ampliarse si el incumplimiento continúa. El Gobierno puede apelar.
Ley de Financiamiento Universitario: el conflicto de fondo
La disputa judicial gira en torno a la aplicación de la ley y a las disposiciones del Decreto 759/2025. La semana pasada, el Ejecutivo ya había apelado una decisión previa en la misma causa, lo que demoró el cumplimiento.
La resolución también le da otra dimensión al debate que se abrió ayer en Diputados. En la primera reunión por el Presupuesto 2027, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, presentó un proyecto para instruir al jefe de Gabinete a cumplir la ley y la sentencia judicial, con fondos que saldrían de recortar Obligaciones a cargo del Tesoro. El oficialismo respondió que los diputados no tienen facultades para darle órdenes a la Jefatura.
En la misma reunión, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, atribuyó parte del aumento del gasto social a la “vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario”. El juez, un día después, concluyó lo contrario: que la ley no se está cumpliendo.
