Inocencia Fiscal: el Gobierno les prohibirá a los funcionarios blanquear dólares del colchón
El oficialismo buscará este miércoles firmar dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal de Diputados para ampliar el régimen de Inocencia Fiscal sancionado en diciembre pasado.
Para garantizarse el acompañamiento de los aliados, sumará una restricción clave: los funcionarios de los tres poderes del Estado podrán adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, pero quedarán excluidos de la exteriorización de los dólares del colchón y de los fondos no declarados.
Por qué el Gobierno decidió reformar su propia ley
El esquema aprobado a fines del año pasado apunta a formalizar los ahorros que hoy están fuera del sistema. Según los cálculos oficiales, hay unos US$179 mil millones que podrían volcarse a la inversión y dinamizar la economía.
Sin embargo, en el Ministerio de Economía evaluaron que la versión original no rindió lo esperado y resolvieron impulsar una ampliación del universo de adherentes, junto con precisiones técnicas destinadas a reforzar la seguridad jurídica. Buena parte de esos cambios surgió de reuniones con estudios contables y especialistas tributarios.
Se caen los topes de ingresos y patrimonio
La nueva versión elimina los requisitos que limitaban el acceso: ya no será necesario que el contribuyente tenga ingresos anuales por debajo de $1.000 millones ni un patrimonio inferior a $10.000 millones.
El régimen quedará abierto para todas las personas humanas, sin importar su nivel de ingresos o patrimonio. La única excepción serán los Grandes Contribuyentes, que no accederán a las presunciones, los efectos liberatorios ni al resto de los beneficios previstos por la ley.
Qué cambia en las "discrepancias significativas"
El proyecto también redefine el concepto que le permite a ARCA rechazar la declaración simplificada. Solo se considerará una discrepancia relevante cuando la diferencia entre lo declarado y lo detectado por el organismo supere el 15% del impuesto y, además, alcance el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria, hoy unos $5 millones.
Ante una objeción, el contribuyente contará con quince días para corregir la situación, abonar la diferencia y conservar los beneficios del régimen.
El reclamo de los aliados que el Gobierno terminó aceptando
El tratamiento arrancó la semana pasada en la Cámara baja, con la defensa a cargo de la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, y del director nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu.
Durante ese plenario, varios aliados y dialoguistas reclamaron algún tipo de restricción para funcionarios públicos o personas políticamente expuestas. La cláusula que el oficialismo incorporará ahora es, precisamente, la respuesta a ese pedido.
