El Gobierno nacional resolvió apelar el fallo de primera instancia que declaró inconstitucional el decreto mediante el cual había quedado suspendida la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión judicial ordenó al Poder Ejecutivo avanzar con la implementación de la norma.

El fallo fue dictado por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, quien cuestionó el mecanismo utilizado por el Ejecutivo para condicionar la entrada en vigencia de la ley a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes.

La resolución judicial dispone que el Gobierno debe aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y adoptar las medidas administrativas necesarias para poner en marcha sus disposiciones. Entre otros aspectos, la norma contempla medidas vinculadas con los salarios de docentes y no docentes, becas, investigación y gastos de funcionamiento de las universidades.

Desde el Ejecutivo sostienen que la aplicación de la ley tiene un impacto directo sobre las cuentas públicas y que corresponde al Congreso establecer las partidas y los mecanismos para financiar nuevos gastos. Con ese argumento, la Procuración del Tesoro prepara la presentación judicial para cuestionar la decisión.

El conflicto se suma a una disputa que el Gobierno y las universidades mantienen desde hace meses en torno al financiamiento del sistema universitario. La Justicia ya había intervenido anteriormente en el reclamo por la actualización de salarios y becas.

De todos modos, el fallo conocido este martes corresponde a la primera instancia y puede ser revisado por tribunales superiores. La apelación del Gobierno abrirá ahora una nueva etapa judicial en la discusión sobre la constitucionalidad del decreto y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Mientras se resuelve la cuestión de fondo, la decisión judicial vuelve a poner en el centro de la agenda la discusión por los recursos destinados a las universidades nacionales y el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo para condicionar la ejecución de una ley aprobada por el Congreso.