Confirmaron el procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

Con la firma de los magistrados Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, la Cámara Federal Porteña confirmó el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad del actual diputado nacional Juan Grabois por su participación en la toma del ex Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ocurrida el 7 de junio de 2025. 

El tribunal de alzada también mantuvo el embargo de $5 millones a Juan Grabois dispuesto por el juez federal Sebastián Ramos, al tiempo que ratificó el procesamiento del militante Valentín Peralta, a quien se le atribuyen los mismos delitos y un embargo de $1 millón. La investigación se originó por la ocupación del inmueble ubicado en el barrio de la Recoleta, donde funcionaba el Instituto hasta su cierre mediante el Decreto 346/25.

En el fallo los jueces señalaron que testimonios policiales y registros audiovisuales incorporados al expediente ubican a Juan Grabois al frente del grupo que ingresó al edificio estatal sin autorización. También remarcaron que el dirigente había difundido el día anterior, a través de sus redes sociales, una convocatoria para concurrir al Instituto y al bar “Un Café con Perón”.

Para los camaristas, Grabois permaneció en el inmueble pese a las órdenes de desalojo impartidas por las autoridades. Según la reconstrucción incorporada al fallo, ante el pedido policial de abandonar el lugar, indicó a los manifestantes que se dirigieran hacia el patio mientras él permanecía en el edificio invocando su condición de abogado. La Cámara consideró que esa conducta quedó respaldada por las pruebas producidas en la causa.

La defensa de Grabois, encabezada por los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, cuestionó el procesamiento y sostuvo que la decisión judicial vinculaba la responsabilidad penal por su condición de dirigente político, abogado y funcionario público. Los camaristas rechazaron ese planteo y aclararon que la imputación se sustenta en los hechos investigados y no en su actividad política.

Al mismo tiempo, la Cámara señaló que "el disvalor de la acción de Grabois no se funda en su condición de funcionario público o abogado, sino en los hechos que se le imputan, consistentes en haber ingresado irregularmente y con un grupo organizado de personas que ocasionó daños a un inmueble del Estado, permaneciendo allí en contra de las órdenes de autoridades competentes". En ese punto, Llorens, Bertuzzi y Yadarola consideraron que esas circunstancias incluso adquieren relevancia al analizar la conducta que se le atribuye, dado el conocimiento que supone el ejercicio de esas funciones.

Más allá de mantener la calificación legal adoptada por el juez Ramos, los camaristas dejaron abierta la posibilidad de que sea revisada durante el avance del expediente. El fiscal Carlos Rívolo había contemplado otras figuras penales, entre ellas usurpación, daño y atentado contra la autoridad, mientras que para Peralta también había planteado la imputación por lesiones.

El tribunal también consideró adecuados los montos de los embargos y dejó en manos del juez Ramos la resolución de un planteo de la defensa de Peralta para que el expediente pase a la justicia ordinaria. La querella en la causa está a cargo del Ministerio de Capital Humano.

Por otra parte, la Cámara rechazó la intervención del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como amicus curiae (amigo del tribunal). Los jueces entendieron que no estaba suficientemente justificada su participación y que las características del caso no presentaban una complejidad que hiciera necesaria esa intervención.