Alarma en Salud: prestadores piden al PAMI que suban aranceles por la inflación y peligra la atención médica

En el negocio de la sañud la ecuación es simple y un claro ejemplo de sábana corta. Allí el impacto de la política económica oficial puede verse en un ejemplo concreto en términos de problemas que genera en el día a día la estrategia de bajar la inflación "secando la plaza" y dejando los bolsillos de los consumidores con los pesos justos para los gastos mínimos e imprescindibles.

Este fin de semana la Confederación Argentina de Prestadores de Salud (CAPS) puso en alerta el "desfasaje entre la actualización de los aranceles del PAMI y la evolución de los costos que afrontan las instituciones".

En un comunicado la entidad señaló que, en el contexto de la negociación paritaria con FATSA, el gremio de la Sanidad, "una actualización arancelaria es condición previa para poder acompañar una nueva recomposición salarial" y destacó que existen "riesgos que esta situación representa para la continuidad de las prestaciones y de las propias instituciones". En buen criollo, en estas condiciones no está garantizada la continuidad de los servicios médicos.

Nueve entidades privadas integran la Confederación Argentina de Prestadores de Salud, Adecra, Cedim, Confeclisa, Cepsal, Cadime, AAEG, Aisame, FEM y AHC, las que manifiestan su "preocupación por la crítica situación que atraviesan las instituciones que brindan servicios a los afiliados del PAMI, ante el atraso en la actualización de los aranceles y las dificultades para afrontar los costos de las Prestaciones".

Números sobre la mesa

Según datos relevados por la CAPS, desde enero de este año las actualizaciones arancelarias del PAMI "alcanzaron, en el mejor de los casos, un 9%, mientras que en muchas prestaciones fueron directamente nulas".

El contraste con el desempeño de la inflación global es notorio. Entre enero y agosto el índice de precios al consumidor acumuló un 21,3%. Pero el tema no termina ahí, porque ya venía con arrastre previo. Desde diciembre de 2023 hasta julio de 2026, según la misma fuente, la actualización de los aranceles de las prestaciones del PAMI fue del 110,55%, frente a inflación del 241% en ese período.

Bajo estas circunstancias y teniendo en cuenta que los salarios representan un 70% de la estructura de costos de las prestadoras de salud, con una evolución marcada por las negociaciones paritarias y no por cada empresa en particular, desde la Confederación advierten que "el arancel es la única variable que puede cerrar la ecuación económica y permitir afrontar los compromisos salariales", en una situación que se ha vuelto "insostenible".

Y agrega: "Sin una definición sobre la actualización arancelaria, afrontar nuevos incrementos salariales en los plazos que exige la negociación paritaria resulta inviable para la mayoría de los establecimientos, lo que pone en riesgo tanto la continuidad de la atención a los afiliados del PAMI como la sostenibilidad de las propias instituciones, especialmente aquellas de menor escala y las ubicadas en el interior del país".

Qué hay detrás de la crisis

La prestación de servicios de salud puede verse como un círculo dinámico y en constante movimiento, en el que los usuarios finales demandan servicios médicos a un sistema integrado por clínicas, sanatorios, hospitales y mutuales (los prestadores), que reciben aranceles de parte de los financiadores, es decir prepagas, obras sociales (además de los hospitales estatales que tienen recursos del Tesoro).

Con los aranceles cobrados los prestadores deben pagar salarios a médicos, paramédicos, personal técnico, pagar impuestos, servicios de mantenimiento, limpieza, comprar insumos e invertir en equipamiento tecnológico. A su vez, los financiadores reciben sus ingresos de los usuarios finales vía descuento salarial en el caso de las obras sociales, o valor de la cuota en el caso de las prepagas o mutuales.

Hace años que el sistema cruje porque en un contexto de sábana corta, cada eslabón de la cadena, ante la falta de recursos para dar respuesta a la demanda que recibe, se da vuelta para pedirle más plata a su "financiador".

El único que no puede hacer eso el ciudadano común, que ve cómo cada mes le sube la cuota de la prepaga o la cobertura que tenga, recibiendo cada menos servicios o turnos más lejanos, que realmente en muchos casos no sirven para atender la consulta.

Las prepagas dicen que los costos subieron de manera exorbitante -muchos de ellos en dólares- y buscan que el usuario pague más por su cobertura, pero en un contexto de pérdida del poder adquisitivo por salarios que corren detrás de la inflación, muchos han bajado de plan o directamente se borraron de la prepaga por no poder pagar.

En este contexto, el "jamón del sandwich" claramente son los prestadores, que tienen que seguir manteniendo los servicios activos a los usuarios, deben afrontar los aumentos de las paritarias además de los otros compromisos, pero tienen aranceles "pisados" y congelados o con ajustes muy por debajo de la inflación.